De una manera casi imperceptible para la gente, pero presente para los estudiosos de los sistemas de cohesión social, desde el año 2018, la gran apuesta de la política pública educativa de México ha sido la consolidación de la permanencia de los estudiantes de Educación Media Superior, mediante la entrega directa y sin intermediarios de un estímulo económico que busca retener a los jóvenes alumnos en las aulas.
A los escépticos, es prudente hacerles de su conocimiento que esto corona las estrategias implementadas en el sector en los últimos tres lustros. Esto es perfectamente explicado por Marco A. Fernández Martínez, Ernesto Herrera Cárdenas, Fernando Gómez Triana y Armando Flores Arco en su artículo de la revista Nexos, donde afirman: “El currículo actual del nivel medio superior es producto de 10 años de reformas progresivas. La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), de 2008, mediante la que se impulsó la educación por competencias y la articulación de los más de 30 subsistemas educativos, a través del establecimiento del Marco Curricular Común (MCC) y el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB); la reforma de 2012 —anclada en el mandato constitucional de universalización de la EMS— que la convirtió en parte de la educación obligatoria, y la reforma de 2013, que introdujo el Sistema Nacional de Educación Media Superior (SiNEMS) como impulsor de la calidad”.
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En el mismo artículo, ellos señalan otro aspecto que es fundamental para comprender la búsqueda de la universalización en la Educación Media Superior, cito: “El 85% de los estudiantes asiste a planteles públicos que operan a través de una centena de estructuras organizacionales federales y estatales. En ellos, las comunidades escolares trabajan todos los días para hacer realidad las funciones de este tipo educativo en la formación de una ciudadanía competente y la preparación para la educación superior y el mundo del trabajo”.
Estos apuntes, nos indican que para atender el fenómeno poblacional tendiente a un mayor número de jóvenes en edad de educación media superior y superior, no sólo será suficiente la ministración de recursos que les faciliten la permanencia en los salones de clases, también habrá que atender la calidad educativa de los espacios áulicos y el equipamiento que les permita exponenciar sus capacidades. Lograrlo sólo será posible con la participación de las entidades federativas, quienes están obligadas a construir esquemas para la construcción de aulas y espacios de preparación académica, profesional, de cultura, artes y humanidades.
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Si desde 2018 la construcción de infraestructura física educativa ha estado parada por no existir un programa creado para esto, los gobiernos estatales que habrán de entrar en funciones en el próximos mes de septiembre, tienen la oportunidad de replicar esquemas de administración participativa como el de la Escuela es Nuestra, pero a nivel Medio Superior, logrando con esto eficientar el gasto, cumplir las demandas de comunidades educativas que se encuentran vulnerables y generando una economía circular que beneficie a las comunidades y municipios donde, desde hace años, se encuentran bachilleratos. La apuesta es alta, claro, pero los resultados que ella arrojará serán inmediatos y permanentes.