El Congreso de Hidalgo aprobó la creación y expedición de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo con la que se sancionará el cohecho, peculado, desvió de recursos públicos, abuso de funciones, soborno, tráfico de influencias, la utilización de información falsa o la contratación que tenga beneficios indebidos, entre otros.
El nuevo marco normativo será vigente hasta su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), y contempla 206 artículos distribuidos en cuatro capítulos en donde se abordan las diferentes conductas sancionables y las penalidades a las que pueden ser acreedores los servidores públicos.
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El objetivo de la Ley refirió el diputado Roberto Rico Ruiz, es regular la actividad que realiza el Estado, así como los municipios frente a las personas gobernadas, bajo un sistema de responsabilidad administrativa de carácter objetivo y directo.
Además de establecer las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, así como de aquellas que intervengan en las funciones, de igual forma, fija las obligaciones y las sanciones aplicables por las acciones u omisiones en que estos incurran.
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Otras de las faltas que contempla es cuando el servidor público incurra en obstrucción de facultades de investigación el particular, la colusión con uno o más sujetos particulares, conflicto de intereses, contratación indebida o enriquecimiento ilícito.
Dentro de los artículos, se propone imponer sanciones económicas, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un periodo no menor de tres meses ni mayor de ocho años, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.
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