Esta jornada electoral tuvo una particularidad que, al menos a mí, me da un montón de esperanza: 116 personas en prisión preventiva ejercieron su derecho al voto.
Parece algo sencillo pero ha requerido del esfuerzo de organizaciones de derechos humanos y de la voluntad política de varias instituciones. Para empezar Hidalgo fue el único estado en el que se llevó a cabo porque el Congreso local ha sido el único del país en reformar su Código Electoral para atender una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta sentencia reconoció el derecho al voto de 2 personas de origen Tzotzil en Chiapas, que se encontraban en prisión preventiva y que argumentaron que sus derechos políticos seguían intactos pues no habían sido condenados aún y por tanto tenía que prevalecer la presunción de inocencia. El Tribunal les dio la razón.
En las elecciones de 2021 hubo una prueba piloto en varias prisiones del país, con la idea de construir un modelo que permita que en las elecciones de 2024 participen todas las personas en prisión preventiva, siempre que cumplan los requisitos de encontrarse en el padrón electoral, no tener suspendidos sus derechos políticos-electorales y querer votar.
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Esta votación se realizó en los CERESOs de Pachuca, Tula, Tulancingo y la Huasteca y de 1079 personas en prisión preventiva solo 130 cumplían los requisitos para votar, que de acuerdo con CEA Justicia, organización que participó como observadora electoral, 116 personas fueron las que acudieron a votar.
Este avance en los derechos fundamentales de las personas en prisión nos obliga a cuestionarnos cuál es el beneficio de está suspensión de derechos.
Es cierto que en la construcción de la justicia penal se tiene la idea de que las personas que delinquen han hecho un daño a la sociedad y por tanto estos derechos, que básicamente son los que nos convierten en ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes; son restringidos como un castigo. Pero el mensaje que envía a las personas que están en prisión es más de repudio social. Ese rechazó, olvidó y aislamiento no abona a un proceso de reintegración social, que es el objetivo de los CERESOs.
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Por otro lado, tenemos que observar que muchas de las personas que se encuentran privadas en libertad están ahí injustamente, con lo que no solo hay una violación a su derecho a la libertad, sino también a estos derechos políticos y electorales, daño a su proyecto de vida que son irreparables y que muchas veces ni siquiera hay un acceso a una mínima reparación del daño.
A las personas privadas de libertad también les impactan los procesos electorales, mucho del funcionamiento penitenciario dependerá de las personas que asuman el poder. Por ello es importante que participen en las votaciones, que conozcan a sus candidatas y candidatos, y que los partidos políticos volteen a ver a esta población para incluirla dentro de sus agendas. La militarización, la violencia, la corrupción y la impunidad del país les exige atender sus demandas, sus derechos y necesidades.
Nuestro estado está poniendo el ejemplo y hay mucho que hacer, ojalá que este compromiso no caiga.
Si desean saber más sobre el voto en prisión visiten la página de Libres Para Elegir y sigan a CEA Justicia.
Posdata:
Esta semana tampoco tenemos avances con la CDHEH y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.