En la primera semana de este mes, se anunció que un juez federal había ordenado la aprehensión de Rosario Robles Berlanga por delincuencia organizada y lavado de 77.8 millones de pesos de un programa de encuestas de la Sedesol, de las que presuntamente solo se aplicaron el 15 por ciento.
Vino a ser nueva imputación desde que el 13 de agosto de 2019 fue internada en Santa Martha Acatitla bajo cargos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicio público.
De acuerdo con quienes han seguido la trayectoria de la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, de encontrársele culpable podría permanecer en prisión “todo lo que le reste de vida”.
Nacida en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1956, la economista y política, primera mujer en ser Jefa de Gobierno de la capital de la República, desde su detención reiteró que era inocente y que se consideraba, de hecho, una presa política.
Empero, imputaciones de quien fue uno de sus colaboradores de confianza, Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu, quien se acogió a la figura de testigo protegido en pro de un criterio de oportunidad, culpó a su exjefa de ser responsable de las maquinaciones de la denominada estafa maestra y también señaló a Ramón Sosamontes como otro responsable.
Al exjefe de la oficina de Robles Berlanga lo señaló como el contacto con rectores de las universidades por medio de las que se aplicaban recursos y que cada contrato era desviado en un 40 por ciento.
Sosamontes ante esto, precisó: “Niego rotunda y categóricamente los comentarios realizados por Emilio Zebadúa, que a costa de su beneficio personal está haciendo imputaciones a terceros sin sustento probatorio, tratando de engañar a la fiscalía a cambio de estar bajo criterio de oportunidad”.
Zebadúa llegó a ser consejero del IFE y pretendiente sin éxito de la gubernatura de Chiapas.
Hasta entonces, la presunta culpable de desvíos calculados en 7 mil millones de pesos, destinados a respaldar las campañas presidenciales de 2012 y 2018, se había comportado con discreción, pero cambió de estrategia. Esto ocurrió el 25 de noviembre.
Primero, sus abogados, Epigmenio Ibarra y Sergio Ramírez, entregaron petición para que el Ministerio Público Federal concediera a su defendida beneficios jurídicos conocidos como criterio de oportunidad para aportar información en torno a la estafa maestra y con ello tener la posibilidad de recuperar su libertad.
En su cuenta de Twitter, Rosario Robles dijo: “Seguro habrá quienes nieguen los hechos, pero las pruebas hablarán”. Reiteró su compromiso “de hablar con la verdad” sobre los desvíos de recursos en las instituciones que encabezó durante el mandato de Peña Nieto.
También trascendió que Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, y posteriormente de Relaciones Exteriores, aparecía en por lo menos dos investigaciones de la Fiscalía General de la República por los casos Odebrecht y la estafa maestra y que lo señalaban excompañeros del sexenio Peñista: Rosario Robles, Emilio Lozoya y Emilio Zebadúa.
Videgaray, originario de la Ciudad de México, donde nació el 10 de agosto de 1968, político, economista y profesor universitario, fue el personaje más cercano al exmandatario Peña Nieto, con quien fungió como su coordinador de campaña electoral con miras a la Presidencia de México.
Después de que se difundió que él, Videgaray, podría ser inculpado, formuló una réplica.
Calificó de “errada e inmoral” la estrategia legal de Robles y le advirtió que la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Advirtió que defenderá su honorabilidad por la vía jurídica.
Fue más allá, al señalar que “mecanismo de moda ‘Me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite” el cual es la verdad y la ley. Reiteró que la exsecretaria “no podrá probar mentiras”.
Andrés Manuel López Obrador, sin aludir expresamente a Robles Berlanga, dijo: “Nada más que debe procurarse primero –si es testigo colaborador en el proceso que se sigue en su contra- que no signifique acusar sin fundamentos, sin pruebas, que no sirva como mecanismo para fabricar delitos, porque eso también es injusticia”. Se antoja que este proceso tiene todavía muchas verdades que descubrir, aunque imprevisible poder determinar en el tiempo para cuando.
Javier Duarte se apunta
En esta lluvia de acusaciones, señalamientos, revelaciones, hubo otra en que el barbado, corpulento y muy risueño Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, tomó la palabra y dijo que estaría dispuesto a declarar todo lo que conoce del caso Odebrecht y el expresidente Peña Nieto.
Preso en el Reclusorio Norte, tras ser sentenciado a nueve años por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, no pidió nada a cambio por lo que señalará.
Así, textual, se recogió su versión que apareció en su cuenta de Twitter:
“Tengo la disposición de declarar todo lo que me consta en este tema ante la autoridad correspondiente, sin necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad o beneficio alguno”.
¿Alguien más seguirá su ejemplo?
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