Deberán pasar al menos seis meses para que los diez imputados en el caso de la trifulca que se suscitó en La Cruz Azul, la madrugada del miércoles 27 de abril, puedan regresar a juicio para la audiencia intermedia en la que se aportan los medios de prueba y se admiten o desechan, según lo que se pueda probar.
Luego de los disturbios en La Cruz Azul, diez personas fueron aseguradas e imputadas por los delitos de homicidio en riña, lesiones en riña y daños a la propiedad, además, fueron vinculadas a proceso la noche del miércoles 4 de mayo, fecha en la que el juez de control fijó seis meses para las investigaciones complementarias.
Durante este periodo de seis meses, el cual puede alargarse por razones jurídicas, los abogados defensores buscarán pruebas para probar que sus defendidos no cometieron los delitos que se les imputan, mientras que el Ministerio Público aportará las pruebas que señalen a las 10 personas como autores indeterminados de la muerte de ocho personas.
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Es decir, los autores indeterminados no son los encargados de planear la agresión, pero sí son participes de los disturbios, esa es la premisa que el Fiscal deberá probar con relación a las diez personas detenidas, es decir, deberá probar que estuvieron presentes en los disturbios y participaron en ellos.
Mientras que la defensa intentará probar que sus defendidos no son culpables de los delitos que se les imputan, de hecho, durante la audiencia inicial se alegó que los sospechosos no son culpables de los delitos que se les imputan toda vez que ninguno de ellos portaba playera roja cuando fueron detenidos, esto porque varios testigos afirman que los agresores vestían de rojo.
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Sin embargo, el juez señaló que no ha lugar toda vez que, entre las entrevistas recabadas por el fiscal, un testigo dijo que vio correr a muchas personas y que mientras corrían rumbo a la carretera Tula-Tepeji, se iban quitando las playeras rojas, muchas de estas prendas quedaron tiras en las inmediaciones de la cementera.
Así que, mientras se desarrollan las investigaciones, los diez imputados, nueve hombres y una mujer, permanecerán en prisión preventiva oficiosa, en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula.
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