Las 10 personas detenidas por su presunta participación, el pasado jueves, en un enfrentamiento con trabajadores de la planta de la empresa Cruz Azul ubicada en Jasso, que dejó un saldo de ocho muertos y 12 lesionados, solicitaron al juez de control del distrito judicial de Tula un receso hasta el próximo martes para que decida si los vincula a proceso por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena.
En la audiencia, que duró 11 horas y el agente del Ministerio Público presentó a los detenidos ante el juez de control y la imputación por los delitos señalados, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) aportó elementos probatorios para justificar la detención, así como testimoniales de las personas detenidas, de las heridas y de los familiares de los fallecidos.
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En las declaraciones que presentó la PGJH ante el juez, los detenidos coincidieron en que eran originarios de municipios del estado de México y precisaron que los de Hidalgo fueron trasladados a la planta con la promesa de darles empleo de elementos de seguridad. A unos se les ofreció el pago de mil pesos y a otros 500 pesos.
La diligencia inicial se realizó en el juzgado de control de Tula; empezó el viernes a las 15 horas y terminó el sábado pasada la una de la madrugada.
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Uno de los acusados, menor de edad, dijo que un individuo llamado Daniel los reclutó a él y otras personas. Otros detenidos dijeron que les habían proporcionado playeras rojas y a otros oscuras y que fueron trasladados a la planta en autobuses, pero en ningún momento les informaron que iban a apoderarse del inmueble.
Tras la presentación de las declaraciones, indicios recabados en el lugar de los hechos y otras pruebas, con las cuales sustentó la solicitud de vinculación a proceso de los detenidos, los abogados de los 10 detenidos, entre los que hay una mujer, pidieron la duplicación del término constitucional para que determine su situación legal.
Por Juan Ricardo Montoya / La Jornada
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