Aborto legal

Pide CNDH a Congreso local garantizar derechos de mujeres acusadas por abortar

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió al Congreso de Hidalgo un pronunciamiento para que adopten acciones urgentes a favor de las mujeres relacionadas con la comisión de delitos relacionados con la interrupción legal del embarazo.

De acuerdo con el documento enviado por la CNDH, en Hidalgo, se contabilizan 15 carpetas de investigación abiertas en contra de mujeres por haber abortado.

En dicho instrumento se hace un atento llamado para que el ámbito de su competencia intervenga para impulsar las acciones necesarias para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad o que se encuentren enfrentando un proceso.

Aunque en la entidad la Interrupción Legal del Embarazo está garantizada hasta las 12 semanas de gestación, la Comisión pide que se informe sobre las acciones realizadas para garantizar este derecho, así como lo que corresponde a las autoridades sanitarias y en torno al derecho de objeción de conciencia.

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Lo anterior, tiene origen en la determinación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

Según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) informó que en 27 estados del país existen 432 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto, entre enero y julio del 2021.

Destaca el Estado de México con 93 casos, Nuevo León con 67, y la Ciudad de México con 52 casos siendo estas entidades las que concentran el 49 por ciento de las carpetas abiertas en los primeros siete meses del año.

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Aunque en el listado aparecen otras entidades, el registro de Hidalgo es de 15 casos y en menor medida Chihuahua, Guerrero y Nayarit con tres casos cada uno.

Dicho pronunciamiento también requiere al Poder Judicial realizar con debida diligencia, una revisión de todas las causas penales y carpetas judiciales en trámite o, en las que se haya emitido sentencia condenatoria respecto de la comisión del delito de aborto o conductas análogas relacionadas con la interrupción del embarazo, en las que las mujeres se encuentren privadas de la libertad, enfrentado su proceso o sentenciadas,

Mientras que, a las autoridades de Salud, se deberá informar por escrito a todas las personas titulares y al personal médico, de enfermería y administrativos de los hospitales, centros médicos, unidades médicas familiares, clínicas u otras análogas en cada entidad que se encuentran facultadas para recibir solicitudes y practicar interrupciones legales de embarazos.


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