Cancelar los permisos ilegales y sin otorgar periodo de gracia a las empresas generadoras de energía eléctrica, permitir el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) son los tres puntos a los que los legisladores de Morena y sus aliados se opusieron a integrar a la Reforma Eléctrica.
Pues de los 12 puntos enviados por los diputados y diputadas de la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), únicamente estos tres quedaron fueran y se incorporaron puntos como que el acceso a la electricidad sea un derecho humano.
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Además, se prioricen las energías limpias y que se considere al sector privado en la generación de energía eléctrica (hasta en un 46 por ciento) para conservar la soberanía de la energía eléctrica.
También, que las tarifas se mantengan bajas para la población.
De acuerdo con el diputado Cuauhtémoc Ochoa, secretario de la Comisión de Energía, el objetivo que se persigue con la Reforma Eléctrica es garantizar la rectoría del Estado en materia energética, pues se quedará con el 56 por ciento la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la producción del energético.
Durante su participación en tribunal, el legislador hidalguense destacó, “ustedes lo que quieren es descuartizar la CFE y nosotros queremos deja afuera los abusos cometidos por las empresas que venden su producción eléctrica”, además del alto costo de la Comisiones reguladoras y de CENACE.
En comisiones unidas el dictamen fue aprobado por la tarde, y será este martes cuando se suba al pleno del Congreso de San Lázaro la Reforma para discutirá por al menos tres días, pues los legisladores de Juntos Hacemos Historia se resisten a dejar la discusión para meses más adelante.
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A decir de Santiago Torreblanca legislador panista, de los 12 puntos enviados no se observan que ya estén plasmados en la ley como tal, pues una de las principales críticas es que Manuel Bartlett, director de CFE tendrá el control de este energético en el país.
Los artículos constitucionales que se modificarían son el 27 y 28 constitucionales, e implicarían también la incorporación del litio como energético como propiedad del Estado Mexicano.
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