Sigue impune el homicidio de Gerardo, hijo del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, luego de que, tras un juicio de dos semanas, el tribunal de oralidad no encontró suficientes pruebas para responsabilizar a Fernando N., extrabajador de la Hacienda Yemila y amigo de la víctima, a quien el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo pretendió responsabilizar del crimen ocurrido el 23 de febrero de 2019.
La madrugada del jueves las dos juezas y un juez en materia penal determinaron por unanimidad la no responsabilidad de Fernando N. y dictaron la libertad del hombre, quien permaneció en prisión desde el 23 de febrero de 2020, cuando se le detuvo y presentó ante el juez de control para la vinculación a proceso.
De acuerdo con los juzgadores, durante el juicio no se demostró que el hombre estuviera en la escena del crimen, ocurrida en el Rancho San José, del municipio de Acaxochitlán, tampoco que estuviera cerca del lugar.
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Ni que el arma encontrada en un segundo domicilio fuera la misma con la que se cometió el asesinato del hijo del exrector, amén de que no se aclaró si esta era propiedad del extrabajador.
En un juicio para el que el MP ofreció más de 50 pruebas, entre peritajes y testimoniales, con los que según su hipótesis se dio el homicidio agravado, se presentaron varios desistimientos, como el de la madre, hermana e incluso el padre de la víctima, y quien si asistió a declarar fue el tío.
A tres años del homicidio, el caso vuelve a estar como al principio, sin esclarecerse, y solo se tienen algunos indicios y pruebas de hechos. Entre estos, que en la camioneta fueron localizados cinco casquillos, tres de los cuales habrían herido a Gerardo; mientras que uno más se detectó que traspasó el cristal de la camioneta del lado del piloto cuando esta estaba abierta.
La hipótesis del peritaje, pues no hay testigos presenciales, es que se trató de un solo tirador, que con un arma calibre 0.45 automática o semiautomática perpetraron el asesinato en el Rancho San José, en el Barrio Monterrey, propiedad de la familia Sosa.
Además de que las balas utilizadas ya estaban viejas y desgastadas; y cuatro eran de la misma marca, otra no; mientras que de la sexta no se localizaron casquillos.
Un dato que llama la atención es que para ingresar al rancho existía una cerca y para llegar a este había al menos dos salidas.
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Liberación de Fernando
A Fernando N. se le dictó libertad, tras dos años de permanecer recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca. A su salida acusó fabricación de pruebas en su contra por parte de la PGJEH, que estaba dirigida por Raúl Arroyo cuando se integró su caso.
Ya en libertad, Fernando informó que está estudiando junto con sus abogados demandar la reparación de daño, pues desde el domingo en que fue sacado de su vivienda; mientras que los policías cateaban su domicilio, insistió en que no era el autor del homicidio.
Desde la vinculación a proceso, ocurrida el domingo 23 de febrero de 2020, el hombre dijo no ser responsable del homicidio, pues era amigo de la víctima.
Siempre respaldado por su familia, su padre, quien administró Yemila por años, su hermano, esposa y madre, en repetidas ocasiones se manifestaron bajo la consiga “Fer no lo mató”.
En el testimonio final, la familia destacó que permaneció con ellos ese sábado de 2019, y que su renuncia al trabajo de la hacienda se debió a que buscaba mejores condiciones laborales, así como mayores ingresos y durante meses puso una cocina económica con su esposa.
A unas horas de estar en libertad, Fernando expresó que no es el único caso en que la autoridad genera presuntos responsables, también hay otros en los que “como presuntos responsables sientes todo el peso del Estado sobre uno”, pero es importante no perder la fe, dijo.
En su oportunidad, destacó que estuvo cerca de Cipriano Charrez, con quien jugaba ajedrez e incluso futbol. Lo veo fuerte, me cae bien, finalizó.
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