Aunque el Código Electoral de Hidalgo establece el derecho de las personas en prisión preventiva de poder votar, la presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Ariadna González Morales, consideró que aún falta fijar los alcances de dicho apartado como es la participación de observadores electorales, la propaganda electoral e inclusive posibles campañas al interior.
Durante el curso “La importancia de los medios de comunicación para la renovación de la gubernatura de Hidalgo”, González Morales expuso que contrario a otras entidades donde este ejercicio se llevará a cabo como una prueba piloto, en el estado ya es una obligación que debe garantizarse, sin embargo, es necesario ampliar el marco legal.
Entre las primeras adiciones que deben considerarse es establecer la vinculación no sólo entre el IEEH o el Instituto Nacional Electoral (INE), sino también con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).
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Aclaró que esta relación institucional existe para este proceso electoral, y derivado de ello es que fueron aprobados los lineamientos para realizar el voto en cuatro Centros de Readaptación Social (Ceresos) en donde votarán 1 mil 244 personas.
Otro aspecto pendiente es la forma en cómo se hará llegar la propaganda de las campañas políticas de manera que sea equitativa para todos, pues durante el primer ejercicio llevado a cabo el año pasado por el INE, ésta se entregó el día que emitirían su voto las personas recluidas sin sentencia.
Para garantizar un voto informado en las presentes elecciones, acordaron entregar la información previo a emitir su voto.
“Para esta ocasión se les hará llegar el material electoral antes”, dijo.
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Otro faltante es la presencia de observadores electorales, tomando en cuenta que en primer ejercicio no los hubo, para esta ocasión Hidalgo si contará con ellos, así como representaciones partidistas y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).
Finalmente, la presidenta consideró también la necesidad de establecer si es posible que candidatos o candidatas visiten a las personas en prisión preventiva para presentar su plataforma electoral.
“Es un primer acercamiento a cumplirse” expuso la consejera presidenta, señalando que para las siguientes elecciones se habrán mejorado estos vacíos legales.
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