El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana el plan para fortalecer el sistema de salud, cuyo objetivo es garantizar la atención a la población abierta, esto es, la mitad de los mexicanos, los más pobres del país, con un costo estimado de 200 mil millones de pesos.
El eje del proyecto es transferir los servicios estatales de salud al esquema IMSS-Bienestar, explicaron funcionarios federales del sector.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario señaló que la meta es rehabilitar los hospitales y establecer una estructura para la atención universal y gratuita. “Yo calculo, en términos generales, 200 mil millones de pesos (para) dejar el sistema de salud como lo estamos imaginando”, comentó.
“Que no falten los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud; que haya médico todo el tiempo, no sólo de lunes a viernes”, expuso.
El compromiso, agregó, es dejar en este gobierno un sistema de salud de primer orden.
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio la introducción de la construcción de este sistema nacional de salud, cuyo fin es garantizar un servicio equitativo y universal con énfasis en la población con mayor nivel de marginación.
Luego de que se presentó el reporte semanal del desarrollo de la pandemia, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, habló de la manera en que se está recabando información para transferir los servicios estatales de salud al IMSS-Bienestar.
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En un video divulgado en el salón Tesorería, al inicio de la mañanera, se explica que en 1979 se estableció el modelo IMSS-Coplamar, para atender a población abierta. Luego vino un proceso de descentralización y más adelante esquemas denominados en su momento IMSS Solidaridad, Oportunidades, Prospera y ahora se llama Bienestar.
Sin embargo, precisó, ahora no se trata sólo de aumentar las unidades médicas sino de hacer un estudio caso por caso, entidad por entidad, para saber con lo que se cuenta y que se requiere.
Al momento, como se ha informado, tres entidades han iniciado esta transferencia: Nayarit, Colima y Tlaxcala.
Señaló que los trabajadores de los sistemas estatales de salud no serán afectados y mucho menos despedidos, mientras que la estructura de los servicios federales como el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios sociales (Issste), entre otros, no tendrán cambios.
Robledo hizo énfasis en el eje del proyecto de fortalecer el modo de atención con infraestructura, personal y medicamentos.
Tan sólo en Nayarit, puntualizó, se requiere una inversión de mil 438 millones de pesos.
Aclaró que la transferencia de los servicios estatales al IMSS Bienestar es una decisión voluntaria de cada gobierno estatal.
La mayoría, con la “federalización”
López Obrador subrayó que la mayoría de las entidades “ha aceptado la federalización”. Reiteró que aquellas que no deseen hacerlo pueden seguir en el esquema actual y acceder, por esta vía, a los recursos federales que les correspondan.
Al hacer un cálculo de lo que costará este plan, cuya primera etapa con las tres entidades que ya han firmado acuerdos de intención, el mandatario señaló que tan sólo en la compra de medicamentos se han destinado 100 mil millones de pesos, más lo invertido en rehabilitación de hospitales, equipos y contratación de personal.
Tan sólo para la compra de vacunas covid, añadió, el país ha invertido 45 mil millones de pesos.
Las etapas para este fin son tres: levantamiento de diagnósticos, instalación de mesas de trabajo y firmas de acuerdo.
Al momento se han censado, dijo, 4 mil 747 unidades de salud en 13 estados.
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En cuanto a las entidades que no deseen incorporarse a esta federalización, el presidente López Obrador dijo que ello seguramente obedece a compromisos políticos y comerciales.
“Hay casos donde no quieren porque tienen estos compromisos políticos con las antiguas empresas que predominaban en el periodo neoliberal, quieren seguirles comprando”, señaló.
Tienen acuerdos, hay componendas, añadió, “pero en la medida en que se va federalizando el sistema nos vamos dando cuenta quiénes no van a participar. Y ya los ciudadanos de esos estados estoy seguro que van a pedir cuentas”.
En tales casos recomendó que informen a quién le compran los equipos, los medicamento, porque la transparencia es una regla de oro de la democracia, subrayó.
Por Fabiola Martínez y Roberto Garduño / La Jornada
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