Delitos como aborto y contra la salud, robo sin violencia y sedición son algunos de los expedientes que ya se revisan en el fuero federal para que aquellas personas que aún sentenciadas y que en su momento se vieron obligadas a la comisión del delito puedan acceder a la Ley de Amnistía, luego de un análisis exhaustivo en torno a las causas.
En una propuesta que presentó el Gobierno federal y que aprobó el Congreso de la Unión, además de entidades como Hidalgo, la amnistía busca que quienes estén purgando sentencias por delitos como contra la salud, sean revisados, pues hay mujeres y hombres en prisiones federales y estatales cuya situación es adversa porque la pobreza les impidió una correcta defensa, o bien, los empujó al delito.
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En entrevista con Iván David González Chávez, director de ejecución de sentencias, en el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), explicó que, tras la aprobación de la ley federal en abril de 2020, se revisan al menos 622 expedientes en el país, y en la mayoría de los casos se ha detectado que es la pobreza un factor fundamental para la comisión del ilícito.
Esta ley solo considera delitos no graves como aborto (quienes intervienen y apoyan), contra la salud (en bajas cantidades) y robo sin violencia.
Los graves quedan excluidos, como el secuestro, el homicidio y el narcotráfico, además de la delincuencia organizada, pues se trata de hechos que ameritan prisión preventiva.
Para el defensor público, el llevar este tipo de procesos necesita conocer de mecanismos y la reglamentación, pues es la Comisión de Amnistía quien revisa los casos expuestos por los abogados y se analizan las circunstancias.
Destacó que, en caso de la población indígena, además de la pobreza se identificó que cuando fue procesado y se judicializó su caso, no se contó con traductores y abogados que conocieran su contexto social y cultura.
Hasta el momento, la Defensoría Pública Federal lleva casos de población originaria de Guerrero, Chiapas y otros estados, en donde se identifica tal circunstancia.
Y un punto a destacar es que no hay diferencia de género, pues de los 50 casos que ya lograron tener respuesta positiva y libraciones, 24 eran mujeres y 26 varones; la mayoría de los casos eran por faltas contra la salud.
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González Chávez explica que en la revisión de expedientes se detectaron casos de mujeres que estaban en pobreza, algunas no tenían cómo mantener a sus hijos e incluso otras fueron obligadas por su cónyuge para vender o trasladar.
En similar circunstancia hay varones, aunque hay quienes no lograron tener una defensa adecuada y otros eran indígenas que no contaron con traductor.
En Hidalgo, la Ley de Amnistía fue aprobada en marzo de 2021, pero hasta finales de ese año no se tenían solicitudes ante la Comisión para poder ser calificadas y determinar si eran o no candidatos para obtener el beneficio de la ley.
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