El Gobierno de la República está proponiendo al poder Legislativo una reforma que modifique los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. En dicha propuesta se pretende que el Estado reafirme y recupere el control sobre algunas actividades que considera estratégicas, entre ellas las relacionadas con “generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica”. Esto ha generado un fuerte debate entre quienes piensan que el Estado debe de mantener el control en diversas áreas y los que sostienen que todos los productos y servicios que la población requiere deben ser generados por la llamada iniciativa privada; la discusión se nutre con argumentos técnicos, políticos y sociales.
La mayoría de los ciudadanos sabemos de los problemas ecológicos que se sufren a nivel mundial y conocemos un poco de lo que la tecnología nos ofrece para paliarlos. Hoy, los compromisos internacionales nos obligan entre otras acciones a llevar a cabo una transición eléctrica en la que la mayoría está de acuerdo. El debate de fondo es si esta transición debe conducirla el Estado o si se dejará que sean las empresas privadas las que la decidan.
También lee: «Muy bien, Ken», agradece AMLO a embajador de EU sobre reforma eléctrica
Personalmente estoy convencido que hay muchos sectores en los que el Estado debe de mantener la rectoría, por ejemplo: la educación, la salud y en general el uso de los recursos naturales de la Nación. Lo anterior, no implica que no puedan participar los privados, siempre regulados por el Estado.
Entre los argumentos que el Gobierno Federal expone para lo que llama “un nuevo esquema del sistema eléctrico nacional”, sobresale la convicción de que el Estado debe de asumir la plena responsabilidad en este sector con el fin de garantizar a la población el derecho humano a la vida digna; otras razones expuestas explican que con la reforma que se llevó a cabo en el año 2013 se benefició de manera excesiva a las empresas privadas, brindándoles condiciones ventajosas que le han significado a la Nación pérdidas anuales por miles de millones de pesos cada año, llegando al extremo de que las 191 centrales de generación con que cuenta la comisión federal de electricidad estén operando solo al 55% de su capacidad, esto para poder cumplir con los contratos de compra de la energía que producen las empresas privadas. Si se analizan a fondo los números, se pueden observar las muchas maneras en que se pervirtió un proyecto que se vendió a la población como una solución.
Sigue leyendo: Encuestitis
México debe de cumplir con sus compromisos internacionales en torno a implementar la llamada transición energética y reducir considerablemente las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. Actualmente, de la producción de energía de la CFE, 69 centrales de generación son de las llamadas energías limpias: hidráulicas, geotérmicas, nuclear, eólica y solar. Se propone fortalecer estas formas de generación e irnos despidiendo del uso del carbón.
La propuesta legislativa propone que el 54 % de la generación nacional quede en manos de la CFE y el 46% la generen empresas privadas. Propone también un cambio de reglas que impidan utilidades indebidas a costas de lo público, lo que implicará renegociación de muchos contratos y la cancelación de un sinnúmero de permisos que no se justifican. Cabe mencionar que nuestro País tiene uno de los más bajos porcentajes de generación de energía eléctrica con utilización de carbón, solo el 2.9 % de su producción total.
Muy pronto se dará el debate final en el Congreso de la Unión y los ciudadanos podremos observar cómo se comportan y votan los diferentes partidos políticos. Deseo se imponga la visión de garantizar el bien común, que el Estado pueda asumir su responsabilidad en este tema, que los inversores privados encuentren atractivo participar en un mercado que les ofrezca seguridad y utilidades proporcionales a su inversión, pero sobre todo que los consumidores no quedemos expuestos a las reglas con frecuencia llamadas “del libre mercado”.
Deja una respuesta