La ex presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán no justificó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) un pago por más de 22 millones de pesos que realizó a empresa Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V., por la contratación de 21 mil 807 luminarias que formaron parte del programa Iluminando Pachuca lanzado en agosto del 2018.
En el informe de la Cuenta Pública 2020, la ASEH encontró que por los contratos de arrendamiento con números MPS-SA-LP-14-18 de fecha 5 de julio de 2018 y MPS-SA-AD-30-20 del 31 de julio de 2020 por la contratación de 21 mil 807 luminarias, faltaba documentación justificativa de las erogaciones realizadas por 22 millones 399 mil 714.26 pesos.
Así como la falta de elementos que demuestren, acrediten, soporten y avalen que los gastos referentes a cambio de luminarias fueron a favor y en garantía de la ciudadanía, esto ya que en la práctica de auditoría no fue entregada la evidencia del gasto señalado, sin determinar a quién se benefició y a dónde se realizó la instalación.
El programa Iluminando Pachuca que lanzó la ex alcaldesa panista arrancó en el 2018 por un monto de 83 millones 198 mil 938.68 pesos que fueron entregados a la empresa Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V., ganadora de la licitación pública por el cambio de más de 21 mil luminarias en la capital del estado.
De acuerdo con lo observado, al contratar el servicio con un término de vigencia al 15 de agosto de 2020 en el primer contrato, y el segundo al 15 de agosto de 2022, se deja en estado de indefensión y vulnerabilidad a la ciudadanía.
Pagó 4.6 millones por un servicio que podía hacer el municipio
Dentro del informe también se observaron 4 millones 640 mil pesos que el municipio erogó en el 2020 por la contratación de servicios profesionales para la revisión técnico-normativa de la gestión administrativa de la oficina de la presidencia municipal y de las oficinas de los secretarios de Administración y de la Tesorería Municipal, así como la elaboración del informe de gestión para ser de soporte en el proceso de entrega-recepción.
No obstante, dichos servicios no estaban justificados pues de acuerdo con la Auditoría, el ayuntamiento contaba con la capacidad técnica, material y humana para el cumplimiento o prestación de los servicios contratados.
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