Luego de ser detenido por la Policía Municipal de Ixmiquilpan durante la madrugada por un accidente automovilístico, Vicente Charrez Pedraza pasó a manos de elementos del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, quienes lo pusieron bajo proceso por el presunto delito de privación ilegal de la libertad.
El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Hidalgo, consiguió de un Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, el auto de vinculación a proceso en contra de Vicente Charrez por los delitos de privación ilegal de la libertad, con agravantes.
Esto se debe a que actúo con violencia y en pandilla contra servidores públicos, a los que aparentemente les provocó lesiones, lo cual está previsto y sancionado en el Código Penal Federal.
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De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se suscitaron el 20 de febrero de 2020, fecha en que se realizó una mesa de dialogo en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con integrantes de una asociación civil encabezada por Vicente Charrez, en la que solicitaban recursos para obras en el municipio de Ixmiquilpan.
Al no llegar a un acuerdo, los manifestantes con agresiones verbales y físicas privaron de la libertad a dos servidores públicos de la SCT, a quienes obligaron a caminar sobre la carretera México–Pachuca con pancartas.
Según la Fiscalía, asegura que pusieron en riesgo la salud y seguridad de ambos funcionarios de la SCT, ya que al liberarlos presentaban lesiones, por lo que tuvieron que ser trasladados en ambulancia a un hospital.
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Por lo anterior, estos funcionarios realizaron la denuncia correspondiente que se turnó ante el Ministerio Público Federal, quien integró la Carpeta de Investigación y una vez que se aportaron los elementos de prueba, el Juez de Control calificó de legal la detención del imputado y le dictó auto de vinculación a proceso.
El juez estableció medidas cautelares de presentación periódica dos veces al mes en el Centro de Justicia Penal Federal, prohibición de acercarse a las víctimas y no acercarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni física, ni virtualmente. Se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
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