Luego de la resolución de un amparo por omisión legislativa, la jueza federal Minerva Herlinda Mendoza Cruz ordenó al Congreso del Estado de Hidalgo iniciar el proceso para la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura en Hidalgo, y dotarla de presupuesto.
El amparo obtenido el 31 de diciembre de 2021, instruye el Poder Legislativo el generar el andamiaje para la Fiscalía, asignar presupuesto, además de instruir la integración de Ministerios Públicos, elementos policiacos, servicios periciales y técnicos especializados en el tema y que puedan integrar el organismo.
Netzaí Sandoval Ballesteros, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en entrevista con La Jornada Hidalgo, indicó que “la resolución del amparo es histórica porque en el caso de Hidalgo, no sólo beneficia a quien promovió, pues por tratarse de una omisión legislativa porque el Congreso Local no ha tomado las decisiones necesarias para hacer respetar los derechos humanos de las personas”.
Para el defensor público la determinación de la Jueza Tercera de Distrito, adscrita a Hidalgo, es un paso que permitirá generar un marco legal para atender los delitos de tortura que no sólo llegan a instancias federales, también locales que es donde mayor número de expedientes se generan.
Dato de la IFDP de los 4 mil 600 casos por tortura que defienden, 2 mil 010 corresponden a la fueron federal, pero 2 mil 591 son expedientes que proceden de las entidades federativas. Y en específico en Hidalgo son 23 casos.
Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó en noviembre pasado de mil 286 denuncias de tortura generadas en las instancias locales, de ahí la necesidad de instrumentar una fiscalía especializada en atender la problemática.
Sandoval Ballesteros expresó que una condición que guarda la entidad hidalguense, es que aún está en proceso de transitar de una procuraduría a una fiscalía general de justicia, y se suma el hecho de que dentro de la instancia no hay personal especializado para investigar la tortura.
“Es necesario investigar estos casos, de lo contrario no se abate la impunidad. Cuando una persona es detenida y torturada, sea para auto inculparse o culpar a otros, lo que ocurre es que si lo denuncia al paso del tiempo, los mismo ministerios públicos serán quienes tengan que indagar sobre la situación. Por esto es tan importe que sea un organismo autónomo”, explicó el defensor federal.
Quien descarto que el argumentar tortura propicie que una persona acusada pueda salir en libertad por este motivo, pues únicamente las declaraciones vertidas en la investigación bajo esa condición, es desechada.
Netzaí Sandoval indicó que paradójicamente, el delito de tortura es denunciado por los jueces, son quienes se percatan de esta situación, pues en su mayoría los inculpados e incluso la defensa se quedan callados por no contar con un mecanismo adecuado de denuncia, tampoco con las instancias.
Describió que una persona que ha sido torturada lo que tiene es miedo y no denunciará porque están en manos de quienes los agredieron para obtener una declaración e inculparse. “Es una condición que se tiene que romper y se tendrán que contar con instancias autónomas, especialistas en la materia, además de salarios dignos”, dijo.
El Congreso Local contará con un plazo de dos periodos ordinarios de sesiones y serán durante este 2022 que se pueda contar con la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura.
DATO
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