La agenda pública del año que recién comienza está enmarcada por diversos fenómenos de gran trascendencia para el futuro próximo de la democracia de nuestro país, ya que habrán de tener verificativo la consulta de revocación de mandato y las elecciones locales para la renovación del ejecutivo estatal en 6 entidades federativas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Ambos escenarios se insertan coyunturalmente en el cuarto año de gobierno del presidente López Obrador. En ese sentido, el resultado de tales ejercicios constituirá un indicador relevante sobre la manera en que la población califica a la actual administración. Vale la pena resaltar que las últimas encuestas indican que el titular del ejecutivo federal goza de un porcentaje de aprobación de alrededor del 60% y que Morena aventaja en 5 de las 6 entidades federativas.
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En cuanto a la consulta de revocación de mandato, el TEPJF rechazó el acuerdo del INE por el cual determinó el aplazamiento del proceso, e instruyó al Instituto a implementar las medidas y adecuaciones presupuestales necesarias para llevarlo a cabo, sin afectar sus obligaciones constitucionales y legales. Asimismo, vinculó a la SHCP para dar respuesta a la brevedad de manera motivada y fundada, en caso de alguna solicitud de ampliación presupuestaria por parte del INE.
En tal contexto, no debe perderse de vista que la revocación de mandato constituye un mecanismo de participación ciudadana de suma importancia para el desarrollo democrático de nuestro país, por lo que el reto de su organización debe asumirse con un gran sentido de responsabilidad y debe estar por encima de cualquier disputa política. Lo anterior, en el entendido de que estará en juego la confianza de la ciudadanía en este tipo de mecanismos y en el propio INE.
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En el caso de los comicios locales, dichos ejercicios llegan un año después de las elecciones más grandes de nuestra historia, las cuales dejaron en evidencia la polarización política que vive el país. En esta ocasión, se encuentran en juego 6 gubernaturas que actualmente están ocupadas por figuras provenientes de partidos de oposición, y de nueva cuenta las opciones de los ciudadanos se reducirán a la dicotomía persistente entre el bloque opositor y la coalición del partido en el poder.
En tal escenario, los ejercicios de definición de candidatos han expuesto las fracturas internas al interior de los partidos. En el caso particular de Morena, el método de las encuestas ha perdido legitimidad en un amplio sector de su militancia, y la alianza no termina de afianzarse en distintos estados del país. Por ello, el principal reto para ambos bandos estará en crear condiciones de unidad que deriven en proyectos políticos viables y coherentes cuya oferta electoral priorice la puesta en marcha de políticas públicas que favorezcan la mitigación de los estragos que ha generado la pandemia.
En tales circunstancias, el 2022 presenta un escenario político complejo que pondrá a prueba -una vez más- la fortaleza de nuestras instituciones democráticas, las cuales habrán de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos. Lo anterior, en beneficio de la consolidación de la democracia de nuestro país en tiempos de marcada incertidumbre.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
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