El hoy municipio de Pacula fue un bastión de la lengua pame durante el virreinato, todo el siglo XIX y las primeras décadas del XX. Todavía a mediados de la vigésima centuria, un lingüista reportó que sobrevivía un puñado de pamehablantes en la comunidad de Jiliapan. Ahora, ni uno. Ya es lengua muerta en la Sierra Gorda hidalguense. Peor aún, ni siquiera se guarda en la memoria colectiva serrana el dato de que alguna vez allí existió esa forma de comunicarse y que a lo largo de cuatrocientos años su uso fue más o menos cotidiano.
Pese a limitantes y, quizá, defectos congénitos —en plan académico yo le discutiría, por ejemplo, ciertos criterios que emplea en la normalización de grafías y la asignación de etnónimos—, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) al menos proyecta una lucecita de esperanza para evitar casos similares al ocurrido en Hidalgo. Pero todo parece indicar que no habrá más Inali si, como plantea una iniciativa de decreto elaborada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, el organismo es desincorporado y trasferidas sus funciones a las del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
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Nada de novedosos tienen los argumentos explícitos o implícitos manejados en tal iniciativa: austeridad, ajuste administrativo, reorientación, atención integral, etc. En suma, eficientismo. Sin embargo, por donde se le mire, la aprobación del decreto significaría una mengua de nuestros derechos lingüísticos (los de todo México, no nada más los de quienes gozan el privilegio de pensar, expresarse y escribir en un idioma distinto al castellano). Si es deber del Estado defender y asegurar la permanencia de las lenguas nativas, abrirles espacios, ampliar su base social e impulsar su enseñanza en los centros escolares, ¡qué contradictorio mensaje estamos lanzando al mundo en el arranque del presente “Decenio de las Lenguas Indígenas” promovido por la Organización de las Naciones Unidas!
Desmantelar una institución y enjaretarle sus tareas a otra (de por sí también acotada en su presupuesto, como le pasa al INPI) es contraproducente. Ninguna saldría beneficiada. Por el contrario, las acciones se diluirían. Y sería una prueba más de lo poco que interesa hoy en día apoyar oficialmente a la cultura o del estrecho juicio con que se le maneja en la Secretaría de su nombre. Pero en fin, así estamos, no obstante que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que somos un país pluricultural y, por tanto, plurilingüe.
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El lingüicidio —o dicho de manera menos pedante: la pérdida total de cualquier lengua—, por los motivos que sean, equivale a una amputación y no hay prótesis que la sustituya. Lástima: nuestra invalidez lingüística, adquirida en la segunda mitad del siglo XX, nos impide ahora presumir que en Hidalgo siga vigente la lengua pame. A ver si no, mañana o pasado, al español, el náhuatl, el otomí y el tepehua hidalguenses agregamos, como quinto jinete del Apocalipsis, el idioma gringo. Así Paquita la del Barrio gritará a todo pulmón cuando visite nuestros engentados palenques: Are you hearing me, useless?
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