El ayuntamiento de Tizayuca aprobó la implementación del modelo de Justicia Cívica en la actuación de los elementos de seguridad pública municipal, con lo que se convierten en el primer municipio en adoptar esta estrategia propuesta por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.
A partir de la entrada en vigor del Reglamento de Justicia Cívica que aprobó la asamblea por unanimidad de votos, este modelo regirá la actuación de los uniformados, el cual esta enfocado en la proximidad social y el enfoque de la prevención del delito desde la atención de conductas como el alcoholismo, la drogadicción y la violencia.
Al respecto, la presidenta Susana Ángeles Quezada aseguró que “Tizayuca se suma a la estrategia del presidente de México para devolver la paz a los hogares mexicanos”.
“En nuestro municipio era necesario y hasta urgente ponernos al día y que con el voto de las diversas fracciones que conforman el Ayuntamiento se da certeza jurídica y viabilidad al Tizayuca del presente y del futuro, expresó Ángeles Quezada.
Los reglamentos aprobados y que tendrán un plazo de 90 días para su entrada en operación a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) son resultado del trabajo de los regidores, las secretarías Jurídica y de Seguridad Pública del municipio, así como el análisis de experiencias y aportaciones de diversas instituciones, sociedad civil de Tizayuca y organismos a nivel nacional.
También participó la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC), al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, a los expresidentes municipales de Los Cabos, Baja California Sur y Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México, la Secretaría de Gobernación, la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante.
La Justicia Cívica, se dijo, es un componente fundamental que permite atender de manera rápida y ágil los conflictos entre ciudadanos derivados de la convivencia cotidiana, evita que éstos escalen y facilita su resolución pacífica.
Este instrumento legal funge como política pública de prevención del delito, pues evita que los conflictos deriven en conductas violentas o delictivas, fomentando la cultura de la paz, asimismo, procura que las faltas administrativas y conductas antisociales tengan sanciones a favor de la comunidad para que el infractor reconozca el daño social que causa y lo restituya.
Dentro de los trabajos de la asamblea también se aprobó la modificación del Reglamento de Tránsito y Vialidad, que coadyuvarán en el proceso de pacificación del municipio.
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