De 2017 a 2019, disminuyó de 13.1 a 9.9 por ciento la precepción de los hidalguenses sobre actos de corrupción, quienes indicaron que cayeron o la observaron por parte de alguna autoridad de seguridad pública o de justicia.
En el Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora hoy, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) explicó que Hidalgo se encuentra entre las 17 entidades que tienen un descenso en sus indicadores en el tema de la victimización generada por actos de corrupción.
Con base en las encuestas aplicadas, se destaca que las experiencias de corrupción de las personas y las empresas fueron más frecuentes cuando se tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública o de justicia, ya sea para denunciar la ocurrencia de un delito, faltas a la moral o administrativas, por infracciones o detenciones por riñas.
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Los ciudadanos son quienes más las padecen, pues por el trato cotidiano con alguna autoridad es que se presenta la referencia.
A nivel nacional, se tiene detectado que 59 de cada 100 personas adultas que tuvieron contacto con estos servidores públicos (autoridad de seguridad o justicia) en 2019 confirmaron ser víctimas de la corrupción mientras que, en las empresas, la victimización fue de 35 de cada 100 unidades económicas en 2020, de acuerdo con el Inegi.
La instrumentación de los Órganos Internos de Control permite integrar denuncias en contra de servidores públicos por mal ejercicio de su función, y son la primera autoridad respondiente ante hechos de este tipo. Sin embargo, no todas las instituciones cuentan con estos mecanismos para la atención.
A nivel estado se tiene identificado que hay 2.8 personas a quienes se les vigila desde el OIC por cada mil servidoras y servidores públicos, e Hidalgo se encuentra entre las nueve entidades que más avanza en el tema; pero aún está lejana de estados como Chihuahua, donde el promedio es de 6.1 servidores públicos por cada mil.
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El avance en la lucha contra la corrupción es muy lento, pues a nivel federal solo el 3.3 burócratas responden a un OIC.
Un dato para destacar es que el mecanismo tampoco es garantía, pues en las instituciones el funcionario encargado del OIC depende de un director general y tiene autonomía dentro de las propias instituciones.
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