El senador de Morena, Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, presentó una iniciativa para expedir el Código Nacional de Procedimiento Civiles y Familiares, proyecto con el cual se busca que la resolución de conflictos comunes sea más sencillo y expedito.
Menchaca Salazar destacó que se trata de una revolución de la justicia familiar y civil, al ser una de las reformas más importantes en los últimos 30 años.
Remarcó el hecho de que el proyecto es una adhesión a la reforma que se presentó en el 2017 a citado código, y se realizó con apoyo de la Comisión Nacional de Tribunales (Conatrib), donde están representadas las 32 entidades del país.
Menchaca expuso que con esta iniciativa se busca establecer procedimientos homologados y que se tengan criterios uniformes en todo el país, para que se resuelvan pronto los conflictos más frecuentes de la población en materia civil y familiar.
Explicó que esta modificación es necesaria para eliminar los obstáculos que se generan debido a la diversidad de normas en los códigos procesales de cada uno de los estados de la República.
“Con estas modificaciones, dejarían de existir diferencias y contradicciones entre reglas, plazos, términos, criterios y sentencias en relación a un mismo procedimiento o conflicto”, aseguró el senador de Morena.
Resaltó que el nuevo Código busca que el sistema de justicia civil y familiar sea más rápido, claro, simplificado y menos costoso, para evitar que los procesos sean largos y sin resultados satisfactorios para la población.
Mencionó que con esta iniciativa se busca que la justicia cotidiana resuelva conflictos cotidianos, al atender los problemas más frecuentes de las personas y hacer que la justicia sea más sencilla, pronta y cercana.
Además, refirió que es necesario contar con instituciones fortalecidas, procedimientos homologados y criterios uniformes.
Por lo tanto, la iniciativa que Menchaca presentó pretende lograr condiciones de igualdad entre las personas justiciables para que no haya discriminación; así como procedimientos y mecanismos judiciales orales, sencillos y efectivos para resolver conflictos y lograr el cumplimiento de sentencias y convenios, así como criterios jurídicos que garanticen una mayor protección a los derechos humanos.
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