La activista Bertha Miranda Rodríguez expresó que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer no es un festejo, sino una fecha para analizar objetivamente el avance de los derechos humanos de las mujeres.
“Si las instituciones realizan actividades este 25 de noviembre, pregúntense cómo abonarán en el avance de los derechos de las mujeres”,
pidió.
Se cuestionó que, si es una caminata, una exposición o actividades diversas, ¿cómo es que estas abonan a los derechos de las mujeres?, pues de lo contrario no tienen una razón de ser porque no apoyan la reivindicación de los derechos.
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“No es un festejo en donde se realizan actividades solo por cubrir 16 días de activismo que fueron diseñados para establecer acciones concretas para visibilizar la violencia e instrumentar acciones encaminadas a cerrar brechas de desigualdad y deudas con las mujeres”,
aseguró.
En entrevista, la integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) Hidalgo, recordó que hoy es necesario analizar objetivamente los retos y evaluar el avance en los derechos, pero también cómo se etiquetan los recursos públicos.
“Si estamos representadas las mujeres y si estas representantes toman decisiones o no”,
explicó.
“Recordar y visibilizar las luchas de quienes han aportado en el tema de los derechos y avances de las mujeres desde las organizaciones civiles y las servidoras públicas que han encabezado acciones” es parte de este trabajo, dijo.
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No es suficiente una disculpa pública
Luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ofreciera una disculpa púbica a familiares de una mujer víctima de feminicidio en 2016, por omisiones en el debido proceso, Miranda Rodríguez destacó que no solo se trata de pedir la dispensa, sino de realmente atender la problemática
“La disculpa pública es importante porque con esto se comienza con la reivindicación de las víctimas. Es simbólica y esperamos que no quede en eso”.
Añadió que en materia de justicia es necesario que los poderes Ejecutivo y Legislativo incrementen al personal de los Cavis (Centros de Atención a la Violencia Intrafamiliar), que están dentro de los Ministerios Públicos, pues son quienes atienden los casos de violencia de manera directa.
“Ya tenemos una Fiscalía especializada, con excelentes instalaciones, pero el Poder Legislativo tendría ahora que etiquetar recursos para que se cuente con el personal suficiente y capacitado. La figura jurídica es muy buena, pero no es operativa si no cuenta con el presupuesto para que tenga el personal”.
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