La Secretaría de Gobernación solicitó a los altos mandos de las dependencias federales y estatales que detecten y cesen a los servidores públicos que “hayan participado de forma directa en el círculo cercano, o que estén vinculados con ex servidores públicos de alto nivel que hoy son juzgados en nuestro país o en el extranjero por vínculos con la delincuencia organizada u otros delitos, que por su gravedad hayan puesto en riesgo no sólo a las instituciones, sino que con su actuar permitieron que la delincuencia avanzara en territorios o permeara organismos y corporaciones”.
La petición está hecha en un oficio en el que además se demanda tomar medidas para “erradicar conductas indebidas que se llevaron a cabo durante años en pasadas administraciones”.
La Jornada posee copia del documento enviado el pasado 19 de octubre por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el que reitera el compromiso de combatir la corrupción, una exigencia que en varias ocasiones ha expuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha llevado a la revisión de quiénes ocupan cargos en áreas de seguridad y justicia en el ámbito federal.
Funcionarios federales revelaron que el oficio, que no menciona a ningún ex funcionario por su nombre, busca desarticular la red de complicidades que aún opera en el gobierno federal y sirve a los intereses del ex secretario de Seguridad Pública (SSP) Genaro García Luna y sus principa-les colaboradores.
Las fuentes señalaron que existen casos concretos que preocupan a la actual administración federal, ya que los vínculos creados por García Luna y sus colaboradores más cercanos se extendieron a puestos operativos considerados de bajo riesgo y que aún sirven a una red de corrupción que involucró a instituciones de seguridad e inteligencia y benefició a grupos delictivos.
Fin a nexos con cárteles
La finalidad es terminar con pre-suntos vínculos creados con los cár-teles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva por personajes bajo investigación como Luis Cárdenas Palomino, sujeto a proceso penal por tortura; Facundo Rosas Rosas y Ramón Eduardo Pequeño García, ambos también investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de tortura.
El documento dice: “Como es de su conocimiento, el gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tiene entre sus prioridades el combate a la corrupción y la impunidad, lo que implica en consecuencia ejercer un gobierno libre de prácticas ilegales y privilegios, haciendo frente y erradicando conductas indebidas que se llevaron a cabo durante años en pasadas administraciones.
“En tal virtud, es exigible un compromiso cotidiano de todas las dependencias e instituciones, particularmente de todas y todos los servidores públicos que lo integran para cumplir con sus tareas pensando siempre en el bienestar del pueblo, y guiados por los principios que deben caracterizar al servicio público, privilegiando la honestidad y la transparencia en nuestro proceder.
“No omito precisarle respetuosamente, que este llamado a la congruencia implica la toma de decisiones firmes e inmediatas para garantizar que se cumpla con la exigencia de contar en el servicio público con los hombres y mujeres más comprometidos con el avance y la transformación de nuestro país.”
Genaro García Luna enfrenta dos juicios en Estados Unidos, el primero por narcotráfico, lavado de dinero y nexos con grupos del crimen organizado a solicitud del gobierno estadunidense, y el segundo, promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por robo de recursos del erario mexicano durante su gestión como titular de la SSP.
Gustavo Castillo/La Jornada
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