La reflexión fue extensa y puntual. Acorde al marco de la convocatoria y el sitio de la reunión. Inició con referencia a la aparición de los órganos autónomos constitucionales, ahora a debate, y el diseño del Ministerio Público aún con dependencia presupuestaria del Poder Ejecutivo. Solo ese comienzo del mensaje sugiere un amplio despliegue de imaginación para lograr un diseño jurídico innovador.
Era la voz del gobernador del estado de Hidalgo, donde recientemente se aprobó la reforma inicial para el tránsito de Procuraduría a Fiscalía, en ocasión del Día Nacional del Ministerio Público. De ahí lo significativo de sus afirmaciones, sobre la continuidad legal para concretar el nuevo modelo caracterizado por la condición de autonomía.
Entre los órganos justificadamente autónomos y los que no lo son, se ha quedado el Ministerio Público, advirtió el gobernador, y si la Procuraduría, anotó, debe ser totalmente autónoma, así deben establecerlo las constituciones General de la República y la propia del estado, de tal forma que se termine con la responsabilidad política de la procuración de justicia para la autoridad gubernamental.
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Si un cuestionamiento es la posible relación del Ejecutivo con la persona titular de la Fiscalía autónoma, primero denle – el mensaje fue para el Poder Legislativo-, el presupuesto que decidan suficiente para hacerla administrativamente autónoma, acabar la autonomía técnica con dependencia presupuestaria, y así la dotarán de una autonomía total.
Siguió una precisión de mayor calado: si son la seguridad y la procuración de justicia temas relevantes, esa relevancia no está reflejada en los presupuestos. Así de claro. Entonces, autonomía no reflejada en la voluntad política y el apoyo económico, no fue de interés.
Luego la visión de un Ministerio Público apoyado en la ciencia y la tecnología, servicios periciales que trabajen con esos elementos para ser pertinentes, capacitación para contar con los mejores profesionales del derecho por la naturaleza de su trabajo que implica el monopolio del ejercicio de la acción penal; pensar una transformación integral para lograr una institución más efectiva y eficiente, que siga contribuyendo a la consolidación del sistema de justicia penal que requiere ajustes.
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Otros elementos expuestos por el gobernador fueron la eliminación de cualquier intervención del gobierno en el nombramiento del responsable de la Fiscalía y una regulación laboral para las y los agentes del Ministerio Público a partir de su remuneración.
Corresponde a la incipiente legislatura del estado dar forma al nuevo órgano. Ser de las últimas entidades en adoptar el modelo tiene una ventaja: asimilar las experiencias en donde la decisión tiene años de funcionar, también la muy importante de la Fiscalía General de la República, y así decidir por lo conveniente o no de hacer, cómo y cuándo. Se pueden evitar fracasos y mejorar buenas prácticas.
Lo más importante será diseñar una Fiscalía para Hidalgo, acorde a las peculiaridades de su población y territorio, de objetivos congruentes con el futuro regional, innovadora sin pretensiones irrealizables, flexible y viable funcional y económicamente. Ahí está el reto legislativo: una ley que armonice la función sustantiva del Ministerio Público en condiciones que sustenten la autonomía plena. También es para la legislatura el riesgo de quedarse en la frivolidad de solo cambiar el nombre, como también lo subrayó el gobernador.
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