El Gobierno de Hidalgo emitió el decreto que contiene la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado, pieza clave en el cambio de Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) a Fiscalía estatal.
En dicho decreto, además de explicar los nuevos lineamientos para los Ministerios Públicos, se instruye que en los próximos 100 días se tendrán que publicar las modificaciones del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del Personal Sustantivo; de Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policía Investigadora de la Procuraduría.
Además, se contará también en el Reglamento de la Agencia de Investigación Criminal.
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Hasta que se cuente con presupuesto se podrá conformar la Dirección de atención temprana de la Subprocuraduría de delitos de género, desaparición de personas e impacto social.
Con un total de 25 áreas adscritas directamente a la PGJEH, desde 2018 se identificó que existe una saturación del trabajo y una solventación ineficiente de los asuntos y se detectó la necesidad de actualizar el reglamento como la estructura orgánica.
En el decreto se reconoce que entre las observaciones que se recibieron la fundación México Evalúa, financiada por la asociación Friedrich Naumann Stiftung, se concluyó: se percibe poca proactividad de los servicios periciales y que no existen mesas de coordinación de las investigaciones; mientras que C230 Consultores financiada y coordinada por Iniciativa Mérida, detectó que en la dependencia “no se identificaron mecanismos de comunicación eficientes entre agentes del Ministerio Público, policía de investigación y peritos, lo cual obstaculiza el avance de las investigaciones”.
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Mientras que la fundación Open Society se observó que hay un bajo nivel de complejidad en cuanto a diseño institucional, no existen criterios claros para la distribución de los recursos humanos, limitaciones de personal y que formalmente ni en la Ley Orgánica del Ministerio Público del estado ni su Reglamento definen mecanismos internos para el control del trabajo.
Con base en el documento se destaca la existencia de 15 unidades administrativas: despacho, Subprocuraduría jurídica y de derechos humanos, Subprocuraduría Oriente y Poniente, Subprocuraduría de delitos de género, desaparición de personas e impacto social. Las fiscalías especializadas en: Delitos de Corrupción, en Delitos Electorales, Visitaduría General. Las unidades especializadas en: combate al secuestro, de recuperación de vehículos, la Dirección general del sistema mixto, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro de justicia restaurativa, Dirección general de administración y el Órgano interno de control.
Además, se establece que para la investigación y persecución de los delitos la división será por territorio y por Sistema de Especialización. Las investigaciones a cargo del Centro de Operación Estratégica pasarán al centro de operación estratégica de la Subprocuraduría oriente o del centro de operación estratégica de la Subprocuraduría poniente.
Un dato para destacar es que en todo momento se da la referencia a la PGJEH y no se plantea como Fiscalía, cuyo nombre fue modificado recientemente por la 64 Legislatura, pero cuyo andamiaje apenas se construye y en parte se diseña por parte del Poder Ejecutivo estatal.
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