Mientras la presidenta municipal de Tepeapulco amparada en el temor que la cúpula morenista de Hidalgo profesa al jefe del Clan Universitario se niega a sancionar a los funcionarios de su gobierno que agredieron durante su primer informe a dos regidores de su fracción edilicia es decir de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recibe un fuerte golpe legal y político que complicará aún más su administración.
El Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, ordenó la restitución en su función como Síndico Procurador Hacendario de Hugo Pérez Ramírez a quien mediante una argucia leguleya había separado, por negarse a firmar una cuenta pública y a avalar ajustes en el presupuesto municipal propuesto por Marisol Ortega López, quien está abiertamente ligada al grupo de Gerardo Sosa Castelán.
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Al ser postulada por Morena al ex asesora de las diputadas federales del Clan Universitario no tuvo más alternativa que aceptar una planilla de regidores que incluía a fundadores del gobernante partido que no obedecía a los intereses de su grupo, por ello al ganar y llegar al ayuntamiento inútilmente ha tratado de sacudírselos en lugar de cabildear emprendió una ofensiva en su contra.
Apenas instalada en el palacio de Tepeapulco, ordenó el desalojo del Síndico Procurador Hacendario de las oficinas asignadas históricamente a quien desempeña ese cargo, incluso participó de ello el secretario de Seguridad Pública municipal José Eduardo Mota Morales, otro de los que participaron en la agresión a los regidores María Guadalupe Miranda Pallares y Marcelino Pérez Ramírez.
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La confrontación se agudizó al negarse Pérez Ramírez a aprobar todas las propuestas sobre el manejo presupuestal ordenadas por Ortega López, que son seriamente cuestionadas por regidores de su propio partido, respaldadas por los representantes de la oposición, por ello mediante una medida administrativa del órgano interno de control, separó al Síndico Procurador Hacendario que hoy regresa a sus funciones.
Golpe legal y político porque muestran que sus asesores legales desconocen las leyes y que puede ser cuestionada por las medidas que adopte, pero sobre todo porque se niega a sancionar a los funcionarios agresores y el grupo opositor interno es decir morenista se fortalece agravando la crisis institucional de su gobierno, que ya lo habíamos advertido es un bomba de tiempo y la cuenta regresiva sigue corriendo.
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