Diputados del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una iniciativa para castigar con hasta tres años de prisión a quien se infiltre copie, difunda, intercepte o entregue cualquier información de alguna institución pública estatal o municipal.
Así lo expuso el diputado Julio Manuel Valera Piedras luego de presentar ante el Congreso del Estado una iniciativa para adicionar al Código Penal del Estado un capítulo II y los artículos 178 Bis y 178 Ter para imponer una pena de tres meses a dos años de prisión y de 100 a 300 días multa a quien cometa este delito.
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Éstas podrán incrementarse en una mitad cuando las conductas sean cometidas en contra de alguna institución pública estatal o municipal o si el responsable es o hubiera sido servidor público.
Según la propuesta planteada por la bancada priista será responsable de delito cibernético quien acceda, copie, difunda, intercepte o entregue cualquier tipo de información, registro o archivo informático, contenidos en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad.
Así como a quien interfiera, controle, restrinja, modifique, dañe, destruya, oculte, encripte o provoque pérdida de cualquier tipo de información, registro o archivo informático, contenidos en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad.
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De acuerdo con datos de la Unidad de la Policía Cibernética en Hidalgo, se atiende diariamente de ocho a diez reportes de delitos cibernéticos, es decir aquellos relacionados con fraudes por medio de plataformas en línea pérdida de información o pérdidas financieras.
Sin embargo, cuando algún hecho relacionado con delitos informáticos acceso lícito a sistemas y equipos de informática llega al Ministerio Público o a los juzgados, a menudo se presenta una disyuntiva, pues al no estar legislados, se tiene que buscar su encuadramiento a un tipo penal ya existente o simplemente quedar en la cifra negra de los delitos no denunciados.
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